INTRODUCCIÓN AL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS

1. INTRODUCCIÓN

La década de los ochenta se caracterizó por las transiciones políticas de regímenes autoritarios que eventualmente se convertirían en democráticos; los noventa se pueden identificar como los años en que la “emergencia de la transparencia y el acceso a la información” fueron los elementos necesarios para la consolidación democrática. Aun cuando la primera legislación en materia de acceso a la información tuvo lugar en 1776, año en que Suecia aprobó la Ley de Libertad de Prensa, no fue sino hasta los últimos 15 años cuando estos dos temas —íntimamente ligados— han ingresado en la agenda política de un gran número de países. Actualmente más de 90 países cuentan con legislaciones que promueven el acceso a la información en posesión del gobierno y otros tantos se encuentran en el proceso de elaboración, deliberación o aprobación de dicha reglamentación.

La transparencia y el acceso a la información pública son dos cualidades fundamentales de un gobierno democrático, en el que además de garantizarse reglas claras y confiables para la competencia electoral y el ascenso al poder, se proveen canales institucionales de acceso a la información que permiten a la sociedad conocer, participar y evaluar permanentemente -y no sólo periódicamente por medio del sufragio— la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

La transparencia y el acceso a la información son dos mecanismos que promueven la rendición de cuentas gubernamental —accountability—, y ambos inciden directamente en el perfeccionamiento del sistema democrático dado que contribuyen a que una multiplicidad de actores —entre los cuales destacan los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, el ámbito académico, los medios de comunicación e, incluso, los propios poderes del Estado—, actuando como controladores sociales, reduzcan los costos asociados a la supervisión y vigilancia del ejercicio del poder. Asimismo, la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental favorecen la creación de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, los cuales permiten a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado y permanente sobre el ejercicio gubernamental.

En el caso de México, la primera aproximación al derecho de acceso a la información data de 1977 y está inscrita desde entonces en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 6° constitucional se establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información y, en el 8°, el “derecho de petición” que faculta a cualquier ciudadano mexicano a realizar consultas relativas a las actividades gubernamentales. Es preciso reconocer, sin embargo, que ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, el acceso a la información había quedado como una concesión graciosa o discrecional de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los servidores públicos y a la disponibilidad física de la información.

Fue el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que precisó durante esta primera etapa los contornos del derecho de acceso a la información, considerándolo en un principio como una garantía social para expresar opiniones a través de los medios de comunicación, en el contexto de los partidos políticos, para después decantarlo como una auténtica garantía individual que obliga al Estado a proporcionar información completa y veraz.

Es hasta 2007 que, a partir de una reforma constitucional de consenso, se establecen los principios y las bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información, aplicables a la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Dentro de los principios establecidos destaca el que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, así como que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

2. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) el 12 de junio de 2002, se subsana la ausencia de una reglamentación específica, que acompañara y facilitara el ejercicio del derecho a la información consagrado en la Constitución Federal.

La entrada en vigor de la LFTAIPG propició un cambio en la relación entre gobierno y gobernados, porque el ejercicio de la función pública se hará bajo la premisa de la participación y escrutinio de los gobernados, teniendo como objetivos, entre otros, “transparentar la gestión pública”, “favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos” de manera que puedan evaluar el desempeño de las entidades gubernamentales, y “contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de Derecho” (artículo 4).

La LFTAIPG reglamenta el derecho de acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y demás órganos federales.

En la LFTAIPG se establecen los órganos, criterios y procedimientos institucionales, principios y plazos ciertos a través de los cuales puede ejercerse el derecho de acceso a la información ante las autoridades federales.

En primer lugar la LFTAIPG dispone que toda información gubernamental tiene carácter público, e instruye a las entidades gubernamentales a favorecer el “principio máxima publicidad y disponibilidad de la información”, que supone que en caso de duda sobre la naturaleza pública o reservada de la información deberá resolverse a favor del derecho de acceso a ésta.

Asimismo, les concede a los individuos el derecho de solicitar información a las entidades gubernamentales por medio de procedimientos sencillos y expeditos, y sin necesidad de acreditar interés alguno, ni justificar el uso que se le dará a ésta. Adicionalmente, la LFTAIPG establece un catálogo de información que deberá ser publicado por las entidades gubernamentales de manera rutinaria, relativa a las funciones, presupuesto, operaciones, directorio del personal, salarios, informes internos, y celebración de contratos y concesiones, entre otros.

No puede soslayarse que la LFTAIPG también prevé los medios con que cuentan los particulares para inconformarse contra las negativas de acceso a información, en primera instancia ante un órgano administrativo funcionalmente autónomo y, en segunda, ante tribunales del Poder Judicial de la Federación.

3. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE  DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Desde el 2001 se presentaron un número total de 9 iniciativas presentadas al Congreso Federal, sin que ninguna propuesta fructificara y a su vez conciliara de un modo satisfactorio las necesidades de todos los sectores involucrados.

Es hasta la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a información Pública Gubernamental en 2002, cuando se reconoce por primera vez el derecho a la protección de datos personales y constriñe a todos los entes públicos federales a cumplir con una serie de reglas básicas encaminadas a garantizar el debido tratamiento de la información personal que poseen para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Aunado a lo anterior, el 2009 se distingue por la concreción de dos relevantes acontecimientos la aprobación de las reformas a los artículos 16 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 16 constitucional incorpora a la lista de garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, el derecho a la protección de datos personales y lo dota de contenido. Por su parte el artículo 73 constitucional otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

Aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares por el Congreso Federal: Tras años de intensos debates sobre la conveniencia y contenido de una ley en esta materia y una vez sentadas las bases constitucionales, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, se da a la tarea de elaborar un proyecto de ley que satisfaga las necesidades y demandas fundamentales de todos los actores involucrados, a fin de contar con una ley consensuada en todos los sentidos.

Una vez culminada esta tarea, el 13 de abril de 2010 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, turnando la minuta de ley aprobada a la Cámara de Senadores para su valoración. Es así que las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, hacen el estudio y valoración de dicha minuta y someten a votación del Pleno el dictamen correspondiente, aprobándolo por unanimidad de los senadores presentes el 27 de abril de 2010.

Generalidades de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares: La Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares (LFPDPP) se constituye como el marco general que contempla reglas, requisitos, condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de los datos personales por parte de los particulares, sin obstaculizar el flujo de los mismos que se traduzca en la imposición de barreras, coadyuvando así al desarrollo económico de nuestro país.

Objeto y ámbito de aplicación: la LFPDPP tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, siendo de observancia obligatoria en toda la República Mexicana.

Sujeto regulados: los sujetos obligados de esta ley son todas aquellas personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo tratamiento de datos personales para el desarrollo de sus actividades cotidianas, salvo las sociedades de información crediticia y las personas que posean datos para su uso personal o doméstico.

Principios de protección de datos personales: La LFPDPP contempla los principios de protección de datos reconocidos en el documento denominado “Estándares Internacionales sobre protección de datos personales y privacidad”, a saber principio de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, proporcionalidad, responsabilidad e información. De manera general estos principios garantizan que los datos recabados serán tratados para las finalidades previstas, con pleno conocimiento de los titulares

Controles de seguridad aplicados a las bases de datos: como mecanismo complementario de esta serie deberes impuestos al responsable, la ley exige la implementación de medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que garanticen de forma efectiva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las bases de datos, a fin de evitar el daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o divulgación no autorizado de los datos personales.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, su ejercicio y tutela: La LFPDPP dota a los individuos de un as de derechos que se traducen en el derecho a acceder a todos los extremos de su información personal, a rectificarla en caso de ser inexacta o incompleta, a cancelarla cuando resulte ser inadecuada o excesiva u oponerse al tratamiento para una finalidad determinada por razones justificadas. En este mismo sentido, la ley ha diseñado procedimientos sencillos y expeditos para que las personas puedan ejercer dichos derechos ante los responsables de las bases de datos, y encaso de que los titulares consideren que sus pretensiones en el ejercicio de dichos derechos han sido conculcadas acudan a la autoridad garante.

Régimen especial para datos sensibles: este régimen especial se fundamenta en que la causa legitimadora del tratamiento será el consentimiento expreso y escrito del titular. Así, las bases de datos con este tipo de información no podrán crearse sin que medien finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

El IFAI como autoridad garante y sus atribuciones: una de las bondades de esta ley es que nombra como autoridad garante de este nuevo derecho de tercera generación IFAI, al punto que a partir de la entrada en vigor de la ley el IFAI cambia de denominación para convertirse en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Asimismo, se le dota de facultades informativas, normativas, de verificación, resolutorias y sancionadoras que en su conjunto garantizarán la plena vigilancia y verificación del cumplimiento de la ley, y por consiguiente velar por el debido respeto de este nuevo derecho.

Delitos en materia de tratamiento indebido: fue voluntad del legislador establecer tipos penales para sancionar hasta con 5 años de prisión a los responsables que bajo ciertas circunstancias hagan un uso ilícito de la información personal que tratan, por considerar de interés general en función de los daños y perjuicios causados que en ocasiones pueden ser irreparables.

Régimen transitorio: es importante destacar que para la puesta en marcha y aplicación de la ley, el legislador ha concedido al IFAI una serie de plazos razonables para cumplir su cometido con la eficiencia debida, a fin de estar en condiciones y contar con la capacidad y recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios para la labor que nos espera e involucra un enorme reto. Por otro lado, este periodo de preparación también beneficia a los sujetos regulados, a fin de que también ellos realicen todas las gestiones necesarias tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

La LFPDPP representa en los hechos, la herramienta que hacía falta para proveer de sustento y contenido a la garantía constitucional a la protección de datos personales, en correspondencia con los principios y derechos internacionalmente reconocidos, así como los estándares y mejores prácticas, otorgando las personas el derecho a la autodeterminación informativa. En este sentido, el IFAI se prepara para recibir y tutelar el derecho de los particulares a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de su información personal,  en concordancia con el reglamento que en breve se publicará.

4. INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS (IFAI)

a. Sobre el IFAI

La LFTAIPG contempla, en el artículo 33, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual comenzó a operar oficialmente en junio de 2003 gozando desde entonces con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. El IFAI está encargado de cumplir y hacer cumplir la LFTAIPG en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y es la instancia encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y de resolver la negativa de las autoridades de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Así mismo, desde 2010, el IFAI es la autoridad garante del derecho a la protección de los datos personales, derecho de tercera generación. Por tal razón fue necesario que el antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información cambiara de denominación para convertirse en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Igualmente, se dota al Instituto de facultades informativas, normativas, de verificación, resolutorias y sancionadoras que en su conjunto garantizarán la plena vigilancia del cumplimiento de la LFPDPPP, y por consiguiente será el IFAI el que vele por el debido respeto de este nuevo derecho.

El IFAI está integrado por cinco comisionados, cuyo nombramiento corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, sin la objeción de la Cámara de Senadores. Los comisionados duran en su encargo siete años sin posibilidad de reelección, y sólo podrán ser removidos cuando trasgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Federal o en la LFTAIPG; cuando sus actos u omisiones afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.

Es importante destacar que para efectos de sus resoluciones, el IFAI no está subordinado a autoridad alguna, y que adopta sus decisiones con plena independencia.

Para garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho a acceso a la información, es necesario prever la creación de instituciones especializadas e imparciales, dotadas de autonomía, particularmente funcional, encargadas de vigilar la observancia de la legislación de acceso a la información en posesión del gobierno. Esto es, no es suficiente contar con un marco jurídico adecuado, si la instancia encargada de velar por su cumplimiento no se encuentra blindada para actuar con independencia y autonomía. El IFAI cuenta con esas características.

En México, a partir de la entrada en vigor de la LFTAIPG y de la instauración del IFAI, todo aquel individuo interesado en solicitar información en posesión del gobierno federal puede solicitarla de tres formas:

• 1. Acudiendo al Centro de Atención a la Sociedad del IFAI en donde se dispone de equipo de cómputo y personal capacitado para orientarle y atenderle.
• 2. Presentándose directamente en la dependencia o entidad del gobierno de la cual desea obtener información. El individuo debe acudir a una oficina especial de atención denominada “Unidad de Enlace”. Cada dependencia, por mandato de la LFTAIPG, debe contar con una de estas oficinas donde se debe brindar toda la orientación necesaria para solicitar la información que requiere.
• 3. Desde cualquier parte del país e incluso, desde el extranjero, por medio del Sistema INFOMEX.

b. Herramientas Electrónicas.

La revolución electrónica ha contribuido de manera importante al eficaz ejercicio del derecho de acceso a la información y ha facilitado el ejercicio de los derechos de acceso y corrección de datos personales en el ámbito del sector público. El IFAI ha impulsado la creación y utilización de herramientas electrónicas, a efecto de simplificar a los particulares el conocimiento de la gestión gubernamental y el desarrollo de la función pública. La tendencia actual de promover gobiernos abiertos, implica que estas herramientas jueguen un papel fundamental, por lo que el reto es aprovechar los avances tecnológicos para que la información relevante y socialmente útil pueda ser aprovechada por las personas interesadas.

Al mismo tiempo, es necesario impulsar el uso de herramientas electrónicas para el ejercicio de los derechos derivados de la protección de datos personales en beneficio de los titulares de éstos, tanto en el sector público como en el privado, sin menoscabo de la protección que debe garantizarse en el tratamiento de dichos datos.

i. INFOMEX 1

El sistema INFOMEX es una herramienta informática que permite a los ciudadanos el ejercicio de los derechos al acceso a la información y de protección de datos personales en posesión del sector público, por medio de un sistema de recepción y atención expedita de las solicitudes de información que se realizan en el marco de las disposiciones previstas en el artículo 6° Constitucional y en la LFTAIPG.

Los objetivos principales de INFOMEX son los siguientes:

• Recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información y a datos personales, así como a las correcciones de esto que presenten los ciudadanos en forma electrónica por este medio;
• Conocer la situación que guardan las solicitudes referidas, mediante los mecanismos de seguimiento del INFOMEX;
• Consultar las más de 500 mil respuestas de la Administración Pública Federal, usando múltiples filtros, como por ejemplo: fecha, estatus y tipo de respuesta otorgada por dependencia y entidad del Gobierno Federal.

Cabe mencionar el sistema INFOMEX es una innovación a nivel internacional ya que pocos países cuentan con un medio tan accesible para que los ciudadanos soliciten información pública gubernamental por medio del Internet. EL IFAI ha asesorado a funcionarios de Canadá, Alemania, Gran Bretaña, La República Checa y Perú, entre otros países, interesados en adoptar sistemas de acceso a la información similares al sistema mexicano.

ii. PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (POT)

El Portal de Transparencia, POT, es un sistema en internet por medio del cual los ciudadanos tienen acceso a la información relacionada con las obligaciones de transparencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, previstas en la LFTAIPG. Se trata de una herramienta única en su tipo a nivel nacional.

Algunas de sus características más relevantes, son las siguientes:

El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), permite navegar al usuario en un solo ambiente, es decir, en formatos estandarizados y en un sólo sitio de internet por lo tanto, hace fácilmente verificable la publicación oportuna e íntegra de las obligaciones de transparencia que establece la Ley.

El diseño de la base de datos del POT permite garantizar la congruencia de información publicada, así como comparar la información que publican las diversas autoridades.

El POT cuenta con dos niveles de consulta y/ó búsqueda:

Búsqueda general: Desde la página del Portal de Obligaciones de Transparencia de cualquier institución gubernamental, se opera ingresando una palabra o más en el buscador que se encuentra en el extremo superior derecho del Sistema. El buscador arroja como resultado todos registros de información en el POT que contienen la palabra o palabras ingresadas. Dicha información puede ser ordenada de forma descendente o ascendente, filtrada por dependencia o entidad, por fracción del artículo 7° de la LFTAIPG o sector. No se requiere de ningún conocimiento específico para realizar una búsqueda o identificar un dato que se intenta localizar en el POT.

Búsqueda directa: Se opera a través de la selección de una de las fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG (con excepción de la estructura orgánica); mediante esta consulta es posible obtener toda la información que la institución registró o bien, utilizar filtros para obtener información específica. Lo anterior permite consultas rápidas y sencillas para cualquier usuario. La información que se consulta puede ser exportada a Excel para darle el manejo y tratamiento deseado y/ó imprimirla.

Para cada contenido de información existen ayudas en línea que explican de manera breve el funcionamiento de los filtros del sistema y óptimo ver la información a nivel mas detallado.

iii. ZOOM

Es un motor de búsqueda tipo “Google” de las solicitudes de información pública y los recursos de revisión resueltos por el Instituto. El usuario puede ingresar en el sistema palabras y frases claves, y éste le proporcionará los resultados de aquellas solicitudes y recursos de revisión que contengan en sus documentos anexos las palabras indicadas por el usuario, por lo tanto, la experiencia de acceso a la información generada en torno a la aplicación de la LFTAIPG es expedita y dentro de los cánones y tendencias de navegación en la red.

Para lograr lo anterior, el sistema tiene indexado la totalidad de las solicitudes de información pública y archivos adjuntos, así como los recursos de revisión en que hayan derivado, permitiendo la entera rastreabilidad de los temas. Asimismo, en la búsqueda se consideran estudios y opiniones que permitieron la sustanciación de los recursos lo cual permite obtener precedentes y material adyacente a las búsquedas realizadas.

iv. HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

El Sistema Herramienta de Comunicación, es un sistema cerrado de comunicación entre el IFAI y las Unidades de Enlace de la Administración Pública Federal que les permite a ambas partes, la atención en tiempo y forma de la gestión de los recursos de revisión, el cumplimiento a las resoluciones que de ellos deriven, la atención a los requerimientos que realice el Instituto y realizar a su vez, consultas al IFAI sobre interpretación de la LFTAIPG. Por medio de esta herramienta, los sujetos obligados pueden establecer cualquier tipo de comunicación con el IFAI, garantizando la seguridad, integridad, autenticidad, reserva y confidencialidad de la información intercambiada. Además, esta herramienta facilita la generación de registros electrónicos del envío y recepción de la información. Por tanto a su vez, genera expedientes de los casos asociados a los temas de transparencia y acceso a la información.

c. Numeralia

Al 30 de junio de 2011 han sido ingresadas 676,890 solicitudes de información a la Administración Pública Federal. La tasa media de crecimiento anual de solicitudes de información entre 20041 y el 2010, fue de 21.6%, al pasar de 37,732 solicitudes en 2004 a 122,138 en 2010. Las respuestas terminales emitidas por las dependencias y entidades de la APF son 593,094 al 30 de junio de 2011.

Del 12 de junio de 2003 al 30 de junio de 2011, las dependencias y entidades que han recibido el mayor número de solicitudes de información se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social con 104,847 solicitudes (15.5% del total de la Administración Pública Federal); la Secretaría de Educación Pública con 31,162 (4.6%); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 22,821 (3.4%); la Secretaría de Salud con 20,488 (3.0%) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 20,000 (3.0%).

El porcentaje de solicitudes de acceso y corrección de datos personales respecto al total de solicitudes ingresadas se ha incrementado de manera significativa al pasar del 5.0% en 2003 al 19.9% en 2011 (con cifras al 30 de junio). El 57.7% de las solicitudes de acceso y corrección de datos personales han sido ingresadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le corresponde el 5.1%, ambas instituciones, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública (2.9%) y la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (2%) acumulan poco más de las dos terceras partes de las solicitudes de acceso y corrección de datos personales ingresadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Del 12 de junio de 2003 al 30 de junio de 2011 se han interpuesto 36,971 recursos de revisión a la Administración Pública Federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social encabeza la lista de las dependencias y entidades con el mayor número de recursos de revisión, 4,4751, no obstante, considerando que también es la institución con el mayor número de solicitudes de información ingresadas, se puede dimensionar esa cifra obteniendo el coeficiente de recursos por cada 100 solicitudes de información, de 4.5, en tanto que el de la Administración Pública Federal en su conjunto es de 5.5. Le siguen en la lista la Secretaría de Función Pública con 1,669 recursos de revisión interpuestos, y un coeficiente de 9.3; la Secretaría de Educación Pública con 1,505 (4.8); la Procuraduría General de la República con 1,257 (8.3); y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 1,140 recursos de revisión interpuestos (5.0).

d. Acceso a la información en los estados y municipios de México

A la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) que se expidió en el 2002 siguieron otras equivalentes en las entidades federativas. Para principios del 2007 todos los estados del país contaban con una ley en esta materia. Sin embargo existía un problema importante: los criterios contenidos en esas leyes para ejercer el derecho de acceso a la información variaban de manera significativa. Esto implicaba que los requisitos para ejercitar el derecho eran distintos dependiendo de la entidad federativa de que se tratara. En algunos se requería, por ejemplo, que la persona que presentaba la solicitud fuera ciudadano de ese estado; en otros, se imponían diversas limitaciones a las solicitudes, o bien existían diferencias importantes en la información que podía ser reservada. Esto generó una situación inaceptable, pues se trataba del mismo derecho para el ciudadano, pero con condiciones de ejercicio diferentes en cada estado.

Como respuesta a este problema, en el 2007 el Constituyente Permanente, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores más las legislaturas de al menos 16 estados de la República, acordaron modificar la Constitución e incorporar un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º constitucional con las bases mínimas del derecho de acceso a la información y que, por ello, el Congreso de cada estado y el de la Federación tienen la posibilidad de ampliarlo tanto como lo consideren pertinente en las leyes que para este propósito expidan.

Actualmente los 31 estados de la República, el Distrito Federal y la Federación cuentan con leyes de acceso a la información. En lo que respecta al ámbito local, más de 214 municipios cuentan con un reglamento de transparencia y acceso a la información.

Por su parte, la implementación del Sistema INFOMEX dio inicio en diciembre de 2005 con la firma del primer convenio de colaboración para implementar el sistema en los gobiernos locales. Al día de hoy todas las Entidades Federativas y el Distrito Federal han signado dicho convenio de colaboración.

Este hecho ha dado origen a la Plataforma Nacional INFOMEX, constituida actualmente por 33 sistemas en operación que permiten presentar solicitudes de información de manera estandarizada a más de 240 Entidades y Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, a 8 Otros Sujetos Obligados de la LFTAIPG, a 23 estados de la República y el Distrito Federal, y a más de 480 municipios.

En total, los 33 Sistemas INFOMEX en operación integran a más de 3,500 instituciones a nivel nacional, tales como: Secretarías de Estado, hospitales, fideicomisos, institutos, fondos, museos, contralorías, congresos locales, universidades públicas, tribunales, procuradurías, policías, municipios y las delegaciones políticas del Distrito Federal, entre otras.

5. CONCLUSIONES

La transparencia y el acceso a la información son componentes necesarios para el proceso de consolidación de la democracia mexicana, así como para la plena vigencia de un Estado de Derecho, ya que propician la rendición de cuentas, al propio tiempo que por el carácter instrumental del derecho a la información, se favorece el ejercicio de otros derechos al hacer accesible a los particulares la información necesaria para ejercerlos y garantizarlos.

El gran reto lo constituye el arraigo de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en las autoridades como en los particulares. Para ello el IFAI ha desplegado acciones que propician las condiciones idóneas para promover políticas públicas tendientes por una parte, a generar y conservar información gubernamental en medios electrónicos, ya que ello, acompañado de un diseño normativo adecuado, facilitará la administración de los archivos y documentos, garantizando al mismo tiempo el acceso a la información contenida en éstos.

Por otra parte, El IFAI se ha fijado como otro reto la promoción de políticas públicas tendientes a generar y conservar información gubernamental en medios electrónicos, ya que ello, acompañado de un diseño normativo adecuado, facilitará la administración de los archivos y documentos, facilitando al propio tiempo el acceso a la información contenida en éstos.

Por otra parte, el IFAI impulsa acciones para promover transparencia proactiva por parte de las entidades gubernamentales, con el propósito de que se publique información focalizada o socialmente útil, que permita, más allá del cumplimiento de obligaciones de transparencia o de la atención a solicitudes que presentan los particulares, dar cuenta de los aspectos más relevantes de la gestión a cargo del sujeto obligado.